La transición energética en HVACR ya no depende únicamente de la tecnología disponible. Hoy, factores como los incentivos fiscales, el financiamiento y las políticas públicas están definiendo la velocidad con la que los distintos mercados adoptan soluciones más eficientes y sostenibles, marcando nuevas diferencias en la competitividad del sector.
Redacción
En la conversación actual sobre descarbonización y eficiencia energética, el foco suele centrarse en la tecnología: nuevos refrigerantes, sistemas más eficientes, automatización y control. Sin embargo, en la práctica, el ritmo de adopción de estas soluciones en la industria HVACR no está determinado únicamente por su desempeño técnico, sino por un factor mucho más estructural: el entorno económico que las hace viables.
Hoy, la industria cuenta con la capacidad tecnológica para avanzar hacia sistemas más eficientes y sostenibles. Lo que no es homogéneo y comienza a marcar diferencias profundas entre mercados es el nivel de apoyo gubernamental que permite que estas tecnologías se implementen.
La realidad indica que la transición energética en HVACR no ocurre bajo las mismas condiciones en todos los países.
Mientras algunos países impulsan la transición energética con beneficios estructurados, otros aún enfrentan barreras donde el CAPEX sigue frenando la modernización HVACR.
Colombia: cuando el incentivo se traduce en proyecto
Dentro de América Latina, Colombia se ha posicionado como uno de los casos más claros donde la política fiscal y energética ha logrado aterrizarse en proyectos reales. A partir de la Ley 1715 de 2014 y su actualización en la Ley 2099 de 2021, el país estableció un esquema integral de beneficios tributarios aplicables tanto a energías renovables como a proyectos de gestión eficiente de la energía, donde el HVACR tiene una participación directa.
A diferencia de otros mercados, estos incentivos no operan de manera automática, sino a través de un proceso técnico formal en el que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) valida y certifica los proyectos. Este mecanismo no solo garantiza que las inversiones cumplan con criterios de eficiencia energética, sino que también le da certeza al inversionista sobre la aplicación de los beneficios fiscales.
En la práctica, este esquema ha permitido que proyectos de modernización energética, incluyendo sistemas de climatización y refrigeración en edificios comerciales, industria alimentaria y retail puedan reducir significativamente su costo de inversión. La posibilidad de acceder a deducciones fiscales, exclusión de IVA y beneficios arancelarios cambia por completo la ecuación financiera, haciendo que tecnologías más eficientes, e incluso soluciones con refrigerantes de menor impacto ambiental, sean competitivas desde el inicio del proyecto. Más allá del incentivo en sí, el valor de este esquema radica en su impacto directo en la toma de decisiones. En un entorno donde el CAPEX suele ser la principal barrera, la reducción de la inversión inicial permite que la eficiencia energética deje de ser un objetivo aspiracional para convertirse en una decisión económicamente viable.
Esto explica por qué, en sectores como supermercados, almacenamiento de alimentos y procesos industriales, la adopción de tecnologías más eficientes ha mostrado una evolución más dinámica en comparación con otros países de la región.
La competitividad energética ya no depende únicamente de la tecnología disponible, sino también de las políticas públicas e incentivos que facilitan su implementación. En muchos mercados, el respaldo gubernamental se ha convertido en un factor clave para acelerar la adopción de soluciones HVACR más eficientes y sostenibles.
Chile: una transición impulsada por política pública
En el caso de Chile, el impulso hacia la eficiencia energética y la modernización del sector HVACR responde a un enfoque distinto. Más que apoyarse en incentivos fiscales directos, el país ha desarrollado un ecosistema basado en políticas públicas, programas sectoriales y mecanismos de financiamiento que buscan acelerar la transición desde una perspectiva estructural.
Instrumentos como el Plan Nacional de Enfriamiento, junto con iniciativas lideradas por la Agencia de Sostenibilidad Energética, han permitido generar lineamientos claros para la adopción de tecnologías más eficientes en distintos sectores. A esto se suma la participación activa de la Unidad de Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, que ha impulsado programas de transición hacia refrigerantes de menor impacto ambiental en el marco del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali.
Este modelo ha sido particularmente relevante en sectores donde la cadena de frío es crítica, como la industria alimentaria, el retail y, de manera muy destacada, la acuicultura, uno de los pilares productivos del país. En estos segmentos, la eficiencia energética no solo responde a una necesidad ambiental, sino a una condición operativa para mantener competitividad en mercados internacionales.
Sin embargo, a diferencia de Colombia, el impacto financiero directo sobre el inversionista es distinto. Al no existir un incentivo fiscal que reduzca de forma inmediata el CAPEX, el retorno de inversión sigue dependiendo en mayor medida de la eficiencia operativa del sistema a lo largo del tiempo. Esto no detiene la adopción tecnológica, pero sí condiciona su velocidad y su escala.
En este sentido, el caso chileno demuestra que la transición energética puede impulsarse desde la política pública y la planificación sectorial, aunque también evidencia que, sin un incentivo económico directo, el peso de la decisión recae en mayor medida en el usuario final.
La experiencia internacional demuestra que, cuando existen incentivos fiscales, financiamiento accesible y políticas públicas bien estructuradas, la eficiencia energética deja de percibirse como un gasto adicional para convertirse en una inversión estratégica que impulsa la modernización, acelera la adopción tecnológica y fortalece la competitividad del sector HVACR en distintos mercados.
México: el desafío de la adopción sin incentivo estructural
En el caso de México, el panorama presenta un contraste más marcado.
Si bien existen programas de financiamiento, eficiencia energética y esfuerzos institucionales, no se observa un esquema fiscal robusto y específico que incentive de forma directa la adopción de tecnologías HVACR eficientes a gran escala. Iniciativas como el Eco-Crédito Empresarial, operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con respaldo de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la banca de desarrollo, han permitido la sustitución de equipos de aire acondicionado y refrigeración por tecnologías más eficientes, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Este modelo, que integra el financiamiento incluso al recibo eléctrico, ha impulsado miles de proyectos de modernización energética en el país. A esto se suman esquemas de crédito orientados a la sostenibilidad impulsados por Nacional Financiera, así como iniciativas de cooperación internacional como NAMA PyME, que combinan financiamiento, asistencia técnica y capacitación para promover la eficiencia energética en sectores productivos.
Sin embargo, a diferencia de otros mercados de la región, estos mecanismos no se traducen en incentivos fiscales directos que reduzcan de forma significativa el CAPEX de los proyectos HVACR. Esto genera una condición particular en el mercado: la transición hacia soluciones más eficientes queda sujeta, en gran medida, a la decisión del usuario final. En ausencia de incentivos claros, el costo inicial continúa siendo el principal factor de decisión, lo que ralentiza la adopción de tecnologías de mayor eficiencia. En este contexto, la eficiencia energética compite directamente contra el CAPEX, y no siempre resulta ganadora.
Estados Unidos y Europa: cuando el incentivo se vuelve política industrial
Fuera de la región, el panorama cambia de forma significativa.
En Estados Unidos, los incentivos han evolucionado más allá de la eficiencia energética para convertirse en una herramienta de política industrial. Un ejemplo claro es la sección 179D, que permite deducciones fiscales para edificios comerciales que incorporen sistemas de alto desempeño energético, incluyendo HVAC. Dependiendo del nivel de eficiencia alcanzado, estos beneficios pueden superar los cinco dólares por pie cuadrado, lo que transforma directamente la viabilidad económica de los proyectos.
Más allá del incentivo en sí, el impacto es estructural. Este tipo de mecanismos impulsa la renovación del parque inmobiliario existente, promueve la adopción de tecnologías HVAC más eficientes, reduce los costos para desarrolladores y genera una demanda constante para fabricantes. En este contexto, la eficiencia energética deja de ser únicamente una meta ambiental para convertirse en una herramienta económica que dinamiza toda la cadena de valor.
En Europa, el enfoque es aún más amplio y consolidado. A diferencia de modelos aislados, los países europeos han desarrollado esquemas integrales que combinan incentivos fiscales, subsidios directos, financiamiento verde y regulación estricta para acelerar la transición energética.
Este ecosistema permite que tecnologías como bombas de calor y sistemas HVAC de alta eficiencia se implementen bajo condiciones favorables, con mecanismos que incluyen desde subvenciones directas hasta créditos fiscales e incluso esquemas de IVA reducido. Países como Alemania han impulsado programas que pueden subsidiar una parte significativa de la inversión en sistemas eficientes, mientras que en Francia se han establecido incentivos fiscales orientados a la renovación energética de edificios.
El resultado de este enfoque es claro: una mayor penetración de tecnologías sostenibles, menor dependencia de decisiones individuales por parte del usuario final y mercados más maduros, donde la eficiencia energética no es una opción, sino una condición estructural del desarrollo.
El rol de las Unidades de Ozono: un catalizador silencioso
En este escenario, las Unidades de Ozono, operando bajo el marco del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali, juegan un papel fundamental.
Más allá de la regulación de refrigerantes, estas entidades han impulsado programas de financiamiento, capacitación y transferencia tecnológica que han permitido avanzar en la adopción de soluciones más sostenibles en la región.
En muchos países, especialmente donde no existen incentivos fiscales estructurados, estas iniciativas se convierten en el principal motor de transición.
El incentivo definiendo la competitividad
Para la industria HVACR, el impacto de estos modelos es directo.
Cuando existen incentivos claros, la eficiencia energética se convierte en una ventaja competitiva tangible. Los proyectos se vuelven más viables, los tiempos de retorno se reducen y la adopción tecnológica se acelera.
Cuando no existen, la ecuación cambia. La eficiencia compite contra el costo inicial, y la transición se vuelve más lenta, más fragmentada y más dependiente de decisiones individuales.
Mientras países como Colombia avanzan con incentivos fiscales claros, otros mercados como México dependen principalmente del financiamiento y la decisión del usuario final.
La transición no es solo tecnológica
La industria HVACR ya cuenta con soluciones capaces de responder a los retos actuales de eficiencia energética y sostenibilidad. Sin embargo, su adopción no depende únicamente de la ingeniería, sino del entorno económico que la rodea.
Hoy, más que nunca, el sector enfrenta una realidad desigual, mercados donde la transición está siendo impulsada activamente por políticas públicas, y otros donde aún depende de la voluntad del usuario final.
Porque al final, la diferencia no está en la tecnología disponible, sino en las condiciones para implementarla y en la capacidad de la industria para dialogar y construir, junto con la autoridad, un camino viable en cada región.
La transición energética en HVACR no se define solo en el diseño; se define en la política económica que la hace posible.
